En el Partido Carlista de Aragón siempre hemos sido partidarios de otorgar la mayor descentralización posible a las administraciones públicas con la fin de acercar estás al lugar más cercano al ciudadano. Desde esa posición y aunque pudiera parecer una posición incongruente, abogamos por la eliminación de las Diputaciones provinciales. Esto en la práctica supondría la reorganización y reforzamiento de la labor que desempeñan algunas de ellas a la vez que una racionalización de los recursos, monetarios y humanos.
Hijas de la Constitución de Cádiz de 1812, las Diputaciones Provinciales, consideramos que poseen un elevado componente político el cual hace que proliferen en su estructura innumerables cargos de confianza con contenido poco definido.
Debido a esa politización, la ausencia de un control externo riguroso, la carencia de unas competencias propias claramente definidas, junto con la debilidad de los controles internos resulta fácil comprender que las estas Diputaciones se han convertido en entidades llenas de personal con origen político y han generado diversas redes clientelares provocando, despilfarro y en algunos casos corrupción.
Otro aspecto importante es el de la falta de transparencia democrática debido a que los responsables directos, no rinden cuentas ante la ciudadanía porque el sistema de elección indirecta lo impide. Por lo tanto los ciudadanos no eligen directamente y esto hace que estos responsables no estén sometidos al un filtro democrático de calidad.
Por todo ello, somos de la opinión que los servicios que prestan deberían estar integrados en las delegaciones territoriales de la Diputación General de Aragón en coordinación con nuestras comarcas lo que permitiría eliminar duplicidades con el consiguiente ahorro de dinero público.
Siempre construyendo sociedad desde abajo hacia arriba: barrio, municipio, comarca y Diputación General de Aragón.
