Con fecha, 9 de mayo de 1976, se celebraba en la emblemática montaña del Carlismo, Montejurra (Estella-Lizarra, Nafarroa, Euskal Herria), la primera concentración carlista tras la muerte del dictador Francisco Franco.
El carlismo, movimiento de profundas raíces populares había hecho una profunda reflexión en su línea ideológica abrazando posiciones socialistas autogestionarias. Junto al Partido Comunista fue uno de los fundadores de la Junta Democrática.
Acudieron al histórico lugar más de 10.000 carlistas procedentes de toda la geografía de la península entre los cuales se encontraban un nutrido número de carlistas aragoneses. El ambiente estaba enrarecido y tenso puesto que a lo largo de los días anteriores a la concentración, habían aparecido en Pamplona (Navarra, Euskal Herria) diversas pintadas advirtiendo que no se iba a permitir a los “rojos” llegar a la cima de la montaña tal y como venían haciendo año tras año, década tras década los carlistas.
Conforme llegaron a la cima fueron recibidos a tiros producidos por una ametralladora MG 42/46 de las que habitualmente usaba el ejército en esa época, cayendo herido de muerte el joven de 18 años Ricardo García Pellejero, mientras que los que todavía no habían comenzado a ascender fueron hostigados por mercenarios de ultraderecha en una acción dirigida por el oficial jubilado del Ejército, José Luis Marín García-Verde, conocido como ‘el hombre de la gabardina’. Esta persona disparó su pistola mortalmente contra Aniano Jiménez Santos, activista de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC).
Los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Armada presentes en gran número no hicieron nada para evitar los sucesos. Solo tras los trágicos hechos que costaron la vida a dos personas y provocaron numerosos heridos entre los asistentes, se produjo su intervención.
Nunca se inició una investigación rigurosa. La justicia fue condescendiente con los únicos tres detenidos puesto que fueron puestos en libertad meses después con la Ley de Amnistía de 1977. El que era en esos momentos ministro de Gobernación, Manuel Fraga, comentó simplemente que se había tratado de una lucha entre bandos opuestos.
Los 27 largos años de reclamaciones, manifestaciones y reivindicaciones carlistas han servido para generar dos grandes interrogantes, ¿por qué no se consideraron en su día delitos de terrorismo?, y ¿por qué el Estado no reconoce que participó cuando todas las pruebas así lo demuestran? La primera de las preguntas fue resuelta el 5 de noviembre de 2003 cuando la sentencia de la Audiencia Nacional puso fin a la larga marcha judicial que inició, junto con otros abogados, el secretario general del Partido Carlista en Nafarroa, José Ángel Pérez Nievas, en 1976 con 46 años, y que la concluyó en solitario enfrentado al Ministerio de Interior a la edad de 72.
Con esta sentencia, que vino a contradecir lo que en dos ocasiones negó el Ministerio encabezado por Mayor Oreja, los familiares de los asesinados aquella fría mañana de mayo pasarían a percibir 23 millones de las antiguas pesetas (según marca la ley 32/1999) y eran reconocidos como víctimas del terrorismo, cuando desde 1977 no eran sino víctimas de unos desórdenes públicos, es decir, como una discusión de tráfico o una pelea en una bar un sábado. La Audiencia Nacional admitió además que los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron como cada año a celebrar su fiesta anual de reivindicación política de libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a una banda armada porque se trataba de una “unión de personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su obtención, mediante la creación de una situación de conflicto y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse”. Tan sencilla afirmación ha costó al Estado 10.035 días reconocerla